Panamá atraviesa un momento crítico marcado por una intensa conflictividad social y política. A tan solo un año del gobierno de José Raúl Mulino, se ha profundizado la criminalización de la protesta, el rechazo al diálogo con el movimiento social y una clara subordinación a los intereses de Estados Unidos. La presencia de tropas norteamericanas, la intención de instalar nuevas bases militares, el bloqueo a acuerdos estratégicos con China, el ataque a derechos laborales y la amenaza a la soberanía sobre el Canal de Panamá han desatado una respuesta popular contundente: una huelga general indefinida, impulsada por sindicatos, campesinos, pueblos originarios y estudiantes que defienden la soberanía nacional.
Desde ALBA Movimientos hacemos un llamado urgente a todas las organizaciones sociales, políticas y populares del continente a expresar su solidaridad activa con el pueblo panameño. Invitamos a firmar y entregar la Carta de Solidaridad con Panamá en las embajadas panameñas de cada país, como acción coordinada de denuncia internacional contra el avance del imperialismo y en respaldo a la huelga de los trabajadores en este Primero de Mayo.
¡La soberanía no se negocia, se defiende!
Carta de Solidaridad con el Pueblo Panameño
Al Estado de la República de Panamá;
De nuestra consideración:
Las organizaciones, movimientos populares y colectivos abajo firmantes expresamos nuestra profunda preocupación y solidaridad con el pueblo panameño, que hoy enfrenta un momento crítico de defensa de sus derechos, su soberanía y sus recursos naturales.
Ante la actual situación nos dirigimos a las autoridades panameñas por ser responsables legales de la crisis actual.
Recordamos que el día 28 de abril, diversas organizaciones sindicales, comunales, estudiantiles, juveniles, campesinas e indígenas se movilizaron en una jornada nacional de protesta, iniciando una huelga indefinida en rechazo a políticas gubernamentales que atentan contra los intereses de las mayorías populares. Entre las principales demandas, se destaca la exigencia de derogación de la Ley 462 que reformaría la Caja del Seguro Social, representando un grave retroceso en los derechos de la clase trabajadora al aumentar las cuotas, retrasar la edad de jubilación, reducir los montos de las pensiones y transferir fondos públicos hacia el sector financiero privado. Además, abregan por el fin de la criminalización de la protesta social que ha sido una de las formas sistemáticas en la cual el gobierno de Mulino ha enfrentado el creciente descontento popular. Al día de la fecha, 44 trabajadores han sido detenidos sin estar garantizadas sus derechos jurídicos básicos.
Denunciamos con especial preocupación la persecución contra las organizaciones sindicales que protagonizan las protestas mediante el cierre de cuentas bancarias y la retención de fondos, acciones que constituyen graves violaciones a la libertad sindical y a los derechos humanos fundamentales. En este contexto, es que se enmarca la denuncia presentada ante la Organización Internacional del Trabajo por la violación del artículo 87 correspondiente al pleno ejercicio de la libertad sindical y el artículo 98 respecto de la negociación colectiva y derecho a huelga.
En ese sentido, repudiamos la intención del gobierno del presidente José Raúl Mulino de reactivar proyectos de saqueo ambiental, como la mina de cobre clausurada en 2023, y el represamiento del Río Indio, que amenaza el modo de vida de comunidades campesinas históricas. Nos alarma también la firma de acuerdos que permitirían la instalación de bases militares extranjeras, vulnerando la soberanía nacional y poniendo en riesgo la paz regional.
Los abajo firmantes, en el contexto de la situación antes descrita, al Estado panameño le pedimos:
- respetar el derecho a la protesta popular; ponerle fin a la criminalización y el encarcelamiento de los dirigentes populares y, en general, a las medidas de represión contra el movimiento social;
- abrir un canal permanente, efectivo y eficaz de diálogo con el pueblo, que permita atender las demandas populares acumuladas;
- detener cualquier intento de restablecer proyectos de minería u otros que, directa o indirectamente, impliquen el reinicio del saqueo ambiental;
- paralizar las negociaciones en curso que signifiquen la presencia militar de Estados Unidos en la zona canalera o cualquier otra parte del país;
- solicitar la salida inmediata de las tropas extranjeras que estén en territorio nacional en violación de los acuerdos que devolvieron a la soberanía panameña el canal de Panamá.
Desde nuestra condición de organizaciones sociales del continente, ratificamos que la dignidad de los pueblos no se negocia. Desde nuestra trinchera, seguiremos atentos y acompañando su resistencia, convencidos de que la solidaridad internacional es más necesaria que nunca.
¡La pelea es peleando! ¡Sin luchas, no hay victorias!
Atentamente,
Firma:
Coordinación Política de ALBA Movimientos
