Una nueva masacre en Colombia nos duele en cada rincón de Nuestra América. Esta vez tiene a la policía de Bogotá como protagonista pero la brutalidad y el abuso son transversales a todas las fuerzas represivas del Estado colombiano, que ha constituido a la muerte como forma habitual de dirimir y acallar los conflictos sociales surgidos de la desigualdad, de la falta de derechos. Esta fue una muestra más del clima descaradamente opresivo con que las clases dominantes quieren gobernar desde hace décadas.

Lamentablemente, en este hermano país las masacres y muertes se han convertido en moneda corriente. Desde el inicio del gobierno de Iván Duque se ha recrudecido la violencia política e institucional contra el pueblo, sobretodo contra de la población más postergada y afectada por el conflicto en campos y ciudades.

Estos hechos no solamente han contado con la indiferencia sino también con la minimización por parte del presidente, y su Ministro de Defensa Carlos Homes Trujillo, quienes continúan eximiendo a la Fuerza Pública de toda su responsabilidad y se burlan en la cara de las y los colombianos al negar cínicamente los niveles de violencia y desidia que sufren a diario.

A la fecha van más de 1000 líderes y lideresas sociales asesinadas, y más de 50 masacres en lo que va del año, mientras los organismos internacionales aturden por su silencio, y el gobierno se lava las manos y disfraza las mismas con eufemismos. Sin embargo, el pueblo colombiano, a pesar de esas condiciones y sabiendo lo que tiene enfrente, se levanta una y otra vez, lucha y resiste. Responde a la injusticia.

El asesinato de Javier Ordóñez,  detenido y brutalmente sometido por dos oficiales de la Policía Metropolitana el pasado 09 de septiembre en Bogotá desató una nueva ola de indignación y protestas que llevo a la destrucción de puestos policiales en varias ciudades como Ibagué, Cali, Neiva, Medellín, Barranquilla, Pitalito, Bucaramanga, Pereira, Tunja, Popayán y Bogotá. Las cacerolas, las pintas, y la acción directa contra los Comandos de Acción Inmediata -CAI- de policía, fueron comunes en todos los lugares en los que se presentaron movilizaciones. Vale la pena mencionar que han sido numerosas las denuncias de varios ciudadanos, y muchas ciudadanas que han denunciado que estos CAI son en realidad Centros de Detención Ilegales, donde se golpea, tortura y violenta sexualmente a las detenidas.

Al igual que lo sucedido con George Floyd en EE.UU., los policías mataron  a Javier  mientras eran filmados, los gritos desde el suelo no quisieron ser escuchados por los agresores policiales. La violencia estructural es intolerable, es invivible para ese pueblo que no quiere más violencia ni maltratos.

La represión de la Policía, junto al Escuadrón Móvil Antidisturbios, con el uso de armas de fuego ocasionó la muerte de diez personas entre  el 9 y  el 10 de septiembre y casi 200 heridos/as. Sin contar las  denuncias de tortura que sufrieron quienes fueron detenidos/as. La noche del 10 de septiembre iniciaron nuevamente las movilizaciones y con ellas, la cacería que desató la Policía nuevamente, golpeando y pateando a los detenidos en el suelo, tirando piedras contra casas y edificios, amedrentando a los y las jóvenes amenazando con asesinarlos y por supuesto, nuevamente, disparando indiscriminadamente a los y las manifestantes.

Estas imágenes que han sido difundidas evidencian lo cierto que son las miles de denuncias de las regiones rurales del país, quienes afirman que la Fuerza Pública nunca obra respetando la ley ni los Derechos Humanos, sino todo lo contrario: el modus operandi es la violencia, la amenaza, la detención arbitraria y en el peor de los casos, el asesinato. Si la Policía en plena capital del país es capaz de asesinar a mansalva a decenas de jóvenes, frente a cientos de cámaras que les están grabando para denunciarles, ¿qué no harán en medio de los territorios donde nadie los graba, ni los difunde por redes sociales?

Desde ALBA Movimientos, volvemos a alzar la voz junto al pueblo colombiano. Ese pueblo hermano, que busca incansablemente la paz, pero que no dejara de luchar mientras la injusticia sea la norma,  mientras los tombos, milicos y paramilitares sigan siendo quienes marquen las reglas.

Exigimos justicia por Javier y por todos los caídos/as en estas jornadas de protesta. Lloramos cada vida y abrazamos a sus familiares y amigos en este momento tan duro.

Expugnamos al nefasto secretario general de la OEA a que, al menos disimule su rol, y diga algo sobre esta situación.

Pedimos que se respeten las garantías de las 138 personas que aun siguen detenidas por diferentes unidades de la Policía Metropolitana, Militar y el ESMAD.

 

En toda Nuestra América nos duele Colombia, pero también con esperanza sabemos que su pueblo continúa levantándose contra los abusos y la injusticia.