El domingo 24 de octubre, el presidente de Guatemala declaró Estado de Sitio en el municipio de El Estor tras 20 días de una movilización pacífica organizada por las comunidades Maya Q’eqchi’. Con esa declaración, se desplegaron agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), el ejército, la marina y la Fuerza Aérea, que desalojaron la manifestación y desencadenaron una ola de persecuciones contra las comunidades y los defensores de Derechos Humanos y periodistas que acompañaban su lucha.
Hace dos años, autoridades indígenas y pobladores de El Estor lograron ganar un amparo ante la Corte de Constitucionalidad que, mientras no se realizara la consulta a Pueblos Indígenas, ordenó la suspensión de la licencia de explotación del proyecto minero Fénix, otorgada por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) a Compañía Guatemalteca de Niquel, CGN-Pronico, empresa subsidiaria de Solway Investment Group, con sede en Suiza. El fallo fue dejado firme por los jueces un año después (junio 2020), sin embargo, el gobierno y la empresa minera no acataron el fallo y promovieron una supuesta preconsulta, excluyendo a actores fundamentales.
El 4 de octubre, el Consejo Ancestral Maya Q’eqchi’ inició una manifestación pacífica para exigir que las comunidades sean tomadas en cuenta en el proceso de pre-consulta sobre el proyecto minero Fénix de la CGN. La movilización de las comunidades en El Estor comenzó el 4 de octubre exigiendo que se cumpla con la consulta pública, como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por el estado guatemalteco.
En junio de este año, el Ministerio de Energía y Minas realizó una consulta pública, en cumplimiento de la decisión de la Corte, pero excluyeron a los sindicatos de pescadores y a las autoridades indígenas. Las autoridades indígenas también denuncian que las empresas Pronico y Mayaniquel, que disputaron la concesión a la CGN, siguen extrayendo níquel ilegalmente en su territorio, contaminando la única fuente de agua dulce de la región y violando la decisión de la Corte.
Con su manifestación, las comunidades Maya Q’eqchi’, impidieron el paso de vehículos de transporte de la minera y paralizaron las operaciones ilegales efectivamente. Apenas se desplegaron las fuerzas de seguridad por el Estado de Sitio, las comunidades denunciaron que los camiones de la mina comenzaron a transitar libremente, custodiados por la misma fuerza pública.
Organismos de derechos humanos han denunciado que con el estado de sitio se pone en riesgo los derechos básicos de los habitantes de la zona. El decreto prohíbe cualquier tipo de manifestación pública y establece que el ejército controlará el municipio y le otorga el poder de realizar detenciones sin orden judicial previa. Ya los organismos de DDHH han registrado allanamientos en decenas de casas de los integrantes del Consejo Ancestral que participaron y lideraron la protesta y también de las casas de periodistas. Han denunciado también varias detenciones selectivas. En vez de escuchar las exigencias justas de la comunidad, el estado optó por la militarización y la criminalización de la protesta, acudiendo a los intereses del capital transnacional.
Las organizaciones de derechos humanos ya han denunciado la ilegalidad del estado de sitio ante la Corte Constitucional de Guatemala y han solicitado medidas cautelares para las comunidades de El Estor frente el accionar del gobierno.
Como las organizaciones, movimientos populares, referencias políticas, artísticas, culturales y defensores de Derechos Humanos de todo el mundo, nos solidarizamos con las comunidades en resistencia justa y les exigimos al estado guatemalteco:
- Cese la represión a las comunidades Maya Q’eqchi’ y a todas las organizaciones sociales de El Estor, como también a los organismos de Derechos Humanos y a las periodistas que han acompañado esta lucha.
- Que se levante el estado de sitio ilegal e inconstitucional en toda la región afectada.
- Que se respete la consulta previa, libre e informada que es obligación del estado guatemalteco por ratificar el Convenio 169 de la OIT. El incumplimiento sistemático de los derechos de los pueblos no puede seguir.
