Después de un largo proceso judicial, y días después de la declaración de la jueza Sandra Heredia a Uribe como culpable por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, hoy 1º de agosto se dio a conocer la condena que el pueblo colombiano esperaba con ansias: 12 años de prisión, con aplicación inmediata. Aunque la prisión será domiciliaria, y faltan una serie de pasos donde la defensa de Uribe puede apelar la decisión de la jueza, este sin dudas constituye un paso fundamental en la lucha por la verdad y la justicia en Colombia.
Álvaro Uribe Vélez es responsable de impulsar en sus gobiernos, así como en su trayectoria política, un modelo económico, político, social y militar que desangró Colombia y que hizo de la violencia contra el pueblo, el principal método de gobierno. Con el terror, las desapariciones forzadas, las decenas de masacres cometidas contra comunidades enteras, las más de 6.402 ejecuciones extrajudiciales, los centenares de prisioneros políticos, el desplazamiento forzado de más de 6 millones de campesinos y campesinas, la profundización del modelo neoliberal que empobreció a las y los trabajadores, la entrega de la soberanía nacional y el servilismo a un proyecto afín al imperialismo estadounidense, Uribe Vélez implantó un modelo de persecución y terror contra el pueblo colombiano que, a pesar de toda la violencia estatal, supo levantarse y defender su derecho a la vida y la dignidad.
Uribe es condenado por haber intentado de diferentes formas burlar a la justicia, en 2017 y 2018, cuando sus emisarios ofrecieron beneficios a ex paramilitares para que declararan a su favor en tribunales. Todo este proceso inició como una demanda presentada por el expresidente contra el senador e histórico luchador por la paz y defensor de Derechos Humanos, Iván Cepeda, por supuesta manipulación de testigos que evidenciaban el vínculo del expresidente con grupos paramilitares. Cepeda, no solo demostró su inocencia frente a las acusaciones de Uribe Vélez, sino que con paciencia y compromiso, logró traer al ex presidente hasta esta instancia.
Ver a Uribe preso hoy es el primer paso del largo camino en contra la impunidad paramilitar en Colombia, que centenares de víctimas llevan impulsando hace décadas, y no se detendrán hasta que el ex presidente pague por cada uno de los delitos que cometió, y se haga algún grado mínimo de justicia por el dolor que trajo al pueblo colombiano. Asimismo, las organizaciones sociales y populares del país continuarán en su lucha por el desmonte del paramilitarismo y la defensa de la vida y los territorios.
Hoy los movimientos sociales articulados en ALBA Movimientos sentimos un alivio de saber que por lo menos, en algún lugar de nuestro continente, la justicia no se arrodilla ante el poder.
