La conversación entre Donald Trump y Delcy Rodríguez, confirmada oficialmente por el gobierno venezolano, marca lo que podría ser el inicio formal de un proceso de negociación entre ambos países. El diálogo, sin embargo, nace envuelto en contradicciones: ¿cómo negociar con un gobierno responsable de una operación militar que dejó muertos, desaparecidos y a un presidente secuestrado en territorio extranjero? La respuesta no pasa por afinidades políticas ni concesiones morales, sino por una elección táctica impuesta por la correlación de fuerzas y por las lecciones de la historia.

No hay una salida posible a la crisis que la Casa Blanca intenta imponer a Venezuela sin algún grado de interlocución. Negociar, en este contexto, no significa legitimar la violencia, sino abrir una ventana política capaz de contener la escalada, reorganizar fuerzas y ganar tiempo. Como ya observó el periodista Breno Altman, un paralelo histórico esclarecedor es el Tratado de Brest-Litovsk, firmado en 1918 entre el gobierno soviético recién instalado y las potencias de Europa Central. Rodeada de amenazas externas y conflictos internos, la Rusia revolucionaria retrocedió tácticamente, teniendo que aceptar condiciones terriblemente onerosas, que incluían la pérdida de parte de su territorio con enormes riquezas.

Mientras se abren canales diplomáticos, el gobierno venezolano refuerza su articulación interna. Delcy Rodríguez se reunió con el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, para revisar planes de defensa nacional y convocar a la unidad de la clase trabajadora, con el objetivo de garantizar la paz, la continuidad de la producción y la resistencia frente a la agresión externa. Este movimiento ocurre en paralelo al avance de una propuesta de “Constituyente Laboral”, presentada como un esfuerzo por construir un nuevo marco de derechos y protección social en un país sometido a un bloqueo injusto y prolongado.

Las calles siguen siendo un espacio importante de respuesta política. En Caracas, trabajadores y trabajadoras se movilizaron una vez más este miércoles (14) para denunciar la ofensiva militar de Estados Unidos y exigir la liberación del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores. Las manifestaciones refuerzan la narrativa de resistencia popular y conectan la defensa de la soberanía nacional con las reivindicaciones sociales y laborales.

En el terreno de las investigaciones, nuevas informaciones agregan niveles de complejidad al escenario. Un memorando confidencial proveniente de Estados Unidos señala la participación de sectores de la extrema derecha venezolana, liderados por María Corina Machado, en el ataque del 3 de enero, reforzando la lectura de que la operación combinó acción externa y articulación interna. Al mismo tiempo, en el Senado estadounidense, fue bloqueado un proyecto que buscaba limitar la acción militar de EE. UU. en Venezuela, resultado visto como una victoria para Trump y una señal de que el presidente mantiene margen de maniobra en el frente institucional interno.

En el ámbito de las articulaciones, Trump declaró apoyar la permanencia de Venezuela en la OPEP, aunque relativizó si ello sería un beneficio para los Estados Unidos. En el mercado, grandes empresas de servicios petroleros ya se mueven: una gigante global del sector, SLB, apuesta por la reapertura del país bajo el nuevo escenario, con una valorización significativa de sus acciones desde el secuestro de Maduro, beneficiada por ya contar con equipos, contratos y presencia en territorio venezolano.

Los efectos regionales de la ofensiva también se hacen sentir. Una encuesta de Quaest indica que el 58 % de los brasileños teme que acciones similares a las realizadas en Venezuela puedan, en algún momento, alcanzar a Brasil, revelando un impacto directo de la crisis en la percepción de la seguridad regional. En el plano diplomático, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversó con Vladimir Putin sobre la situación venezolana y el escenario global, en el primer diálogo entre ambos líderes desde el ataque de Estados Unidos, con énfasis en la defensa de la soberanía y la estabilidad internacional.

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