En la noche de ayer, 9 de noviembre, el Congreso peruano dio un Golpe Parlamentario, usando de forma antojadiza e inconstitucional del recurso de vacancia presidencial, vociferando consignas de lucha contra la corrupción, cuando 68 de sus integrantes mantienen investigaciones en Fiscalía por presuntos delitos, lo que demuestra no solo el cinismo de un sector sino la podredumbre de todo un modelo político y económico que esta en una crisis terminal, pero que intenta salvarse a costa de seguir chupando la sangre de su pueblo.
No es casual que los principales gremios empresariales de Perú, Confiep y la Sociedad Nacional de Industrias, se hayan pronunciado inmediatamente tratando de relativizar la conducta golpista parlamentaria. Pretenden que la crisis política se resuelva siempre a favor del gran empresariado en perjuicio de las mayorías populares.
Esta crisis, en el Perú viene manifestándose con mayor intensidad desde el año 2017. Las investigaciones del caso Odebrecht destaparon la podredumbre crónica de un proyecto colonial-neoliberal dejando como saldo, a la fecha, a todos los presidentes elegidos en democracia detenidos preventivamente o investigados por corrupción -el último, el banquero norteamericano Pedro Pablo Kuscinski se vio obligado a renunciar en 2018; la existencia de una organización criminal (“Los Cuellos Blancos”) en el seno del Poder Judicial vinculada con un Poder Legislativo, capturado por la clase política dominante al servicio de los grandes grupos económicos; la participación en esquemas de corrupción del gran empresariado peruano y sus medios de comunicación concentrados. El modelo de democracia liberal y representativa resultó inútil para atender esta crisis política, por lo cual el pueblo movilizado a mitad del año 2019 luchó por el cierre del Congreso.
La disputa en el aparato estatal, entre facciones que responden a los poderosos en el Perú, continuó siendo azuzada desde el nuevo Congreso, elegido en enero de este año para completar la legislatura hasta julio 2020. Las tensiones entre el poder Parlamentario y el poder Ejecutivo son priorizadas en lugar de atender las apremiantes demandas del país con mayor tasa de letalidad del COVID- 19. La Pandemia visibilizó, junto a la ya recorrida crisis política, la crisis económica y social que no pueden ser respondidas satisfactorias principalmente por el andamiaje neoliberal instaurado autoritariamente desde los años ‘90.
Desde ALBA Movimientos nos solidarizamos con el pueblo peruano movilizado en Costa, Sierra y Selva, consciente de que la movIlización y organización popular es la que debe resolver esta crisis, y no un Congreso servil a los intereses dominantes, con sus diversas expresiones. Nos sumamos al clamor popular que pide un Proceso Constituyente que construya, en base al consenso protagónico y participativo de mujeres, estudiantes, trabajadores y trabajadoras, campesinos y campesinas, indígenas, diversidades sexuales, una Nueva Constitución que destruya el proyecto colonial- neoliberal y contemple alternativas para atender la crisis con igualdad, soberanía y Buen Vivir.
