Desde la Articulación de Movimientos Populares y Sociales hacia el ALBA, condenamos en los términos más enérgicos, así como denunciamos ante la comunidad internacional la grave crisis de legitimidad institucional que atraviesa Honduras tras el fraude electoral de las elecciones generales de 2025. Este proceso, viciado por la abierta injerencia extranjera de los Estados Unidos, la OEA y la Unión Europea, ha desatado una ofensiva feroz contra el compañero Marlon Ochoa, consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE). Ochoa hoy es blanco de una cacería política por el único «delito» de haber escuchado el clamor del pueblo hondureño y denunciar con pruebas las irregularidades que pretendían torcer, como en definitiva hicieron, la voluntad popular en favor de un régimen sumiso a los intereses foráneos y de la burguesía interna.
La integridad física del compañero Ochoa se encuentra en riesgo inminente tras haber revelado públicamente la existencia de un plan para asesinarlo, orquestado por figuras políticas involucradas en la conspiración del fraude. Ante estas amenazas de muerte y la persecución judicial, se han solicitado medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el respaldo del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Honduras, COFADEH. Además, la élite política intenta silenciarlo mediante un juicio político arbitrario en el Congreso Nacional, un proceso que carece de denuncia formal y viola flagrantemente el debido proceso, funcionando únicamente como una herramienta de venganza y revancha institucional.
El fondo de este ataque sistemático es claro: el bipartidismo tradicional, conformado por los partidos Nacional y Liberal, busca eliminar al único testigo directo que ha entregado audios y pruebas del fraude ante el Ministerio Público. La oligarquía hondureña pretende no solo encubrir el robo electoral de 2025, sino también despejar el camino para el retorno ilegal y las aspiraciones de reelección en 2029 del narcotraficante convicto Juan Orlando Hernández, una aberración jurídica a la que el consejero Ochoa se ha opuesto con dignidad y firmeza legal.
Desde ALBA Movimientos exigimos el cese inmediato de la persecución judicial y las amenazas contra Marlon Ochoa, cuya lucha representa la defensa de la verdad electoral y la democracia en Honduras. Hacemos un llamado a la solidaridad activa de todas las organizaciones populares y fuerzas políticas del continente para vigilar de cerca este atropello. Acompañamos al pueblo y organizaciones populares honduereñas en la lucha por de no permitir que las instituciones capturadas por el narcotráfico y la corrupción sigan castigando a quienes deciden no someterse al fraude ni guardar silencio ante la injusticia.
¡La dignidad del pueblo hondureño y de sus representantes honestos no se arrodilla!
