Desde ALBA Movimientos denunciamos con fuerza la persecución política, judicial y mediática contra Cristina Fernández de Kirchner, ex presidenta de Argentina y símbolo de un proyecto político popular que siempre tuvo como bandera la justicia social y la soberanía.
No se trata de un fallo judicial: es una condena política. No es justicia, es proscripción. La Corte Suprema confirmó una sentencia sin pruebas concluyentes, basada en un proceso plagado de irregularidades. Es un intento de borrar de la vida pública a una figura que representa a las mayorías, a quienes luchan por soberanía, derechos y justicia social.
Esta persecución no ocurre de manera aislada. Forma parte del lawfare, que utiliza como mecanismo la guerra judicial como herramienta de disciplinamiento que ya golpeó a presidentes de América Latina y el Caribe como Lula, Correa y Dilma. Apunta a bloquear toda alternativa política que cuestione el orden neoliberal y se proponga transformar la realidad en favor de los pueblos.
Como organizaciones populares, de izquierda y progresistas de Nuestra América, denunciamos esta persecución como una forma de violencia política que busca sembrar miedo, desmovilizar al pueblo y condicionar la capacidad de lucha de los sectores populares. La inhabilitación de Cristina busca imponer a través del terror, silenciar cualquier intento de movilización popular.
La operación contra Cristina es también una expresión de violencia política de género. Es perseguida no sólo por lo que representa políticamente, sino también por ser una mujer con historia, con pueblo y con un proyecto de país. El patriarcado estructural —en alianza con el poder económico y mediático— no tolera su liderazgo, ni su voz, ni su persistencia. No olvidamos el intento de magnicidio ocurrido en septiembre de 2022, aún impune, con una causa judicial plagada de irregularidades. Ese atentado fue parte del mismo entramado de odio clasista, misógino y violento promovido por los medios concentrados, sectores del poder judicial y el bloque reaccionario de extrema derecha que hoy gobierna con Javier Milei.
La persecución se da en un contexto de crisis económica y social aguda, marcada por la entrega de la soberanía nacional, el saqueo de los bienes comunes, el endeudamiento criminal y el desmantelamiento de derechos. Mientras el pueblo enfrenta pobreza y exclusión, las élites buscan consolidar una restauración neoliberal con ajuste, represión y censura.
Denunciamos que el aparato judicial que condena a Cristina responde directamente a estos intereses. Las reuniones clandestinas entre jueces, fiscales, empresarios y espías —muchas de ellas reveladas por el periodismo— demuestran una red de complicidades que funciona como un verdadero poder paralelo, con vínculos forjados durante el gobierno de Mauricio Macri y profundizados hoy.
No hay independencia de poderes. Hay una trama mafiosa al servicio del disciplinamiento político. La ofensiva contra Cristina es un mensaje claro a quienes se atrevan a disputar el poder real: si no obedecés, te destruyen. Pero no podrán. Porque hay pueblo. Porque hay memoria. Porque hay lucha.
Desde nuestra articulación, expresamos solidaridad con Cristina Fernández de Kirchner y con el pueblo argentino que la defiende en las calles, en los barrios, en los sindicatos y en las plazas. La defensa de Cristina es la defensa de la democracia y del derecho de los pueblos a decidir su destino sin tutelajes.
Por eso, impulsamos acciones concretas de solidaridad internacionalista:
- Creación de Comités de Solidaridad con Cristina en toda Nuestra América, bajo la consigna #CristinaLibre.
- Difusión activa de la situación de Cristina en redes sociales, medios populares y espacios de comunicación alternativa
- Organización de foros, actos y expresiones culturales para denunciar el lawfare y promover la defensa del Estado de derecho en América Latina y el Caribe.
¡Cristina no está sola! ¡Basta de persecución judicial! ¡Basta de lawfare!
Solidaridad con todas las mujeres que enfrentan violencia política por desafiar al poder.
