El lunes 7 de septiembre del 2020 quedará registrado en la historia de Nuestra América como el día en el que la derecha proimperialista, utilizando el mecanismo del lawfare, logró proscribir a dos ex presidentes que hacen parte de los principales líderes populares del continente: Evo Morales, a quien inhabilitaron para presentarse como candidato a Senador en Bolivia, y Rafael Correa, a quien le prohibieron presentarse como candidato a vicepresidente de Ecuador producto de un montaje judicial.

Sabemos que estas inhabilidades ocurridas el mismo día no son producto de una casualidad, por el contrario, cada vez se comprueba de una manera más evidente la estrategia imperialista que busca dismuir y quebrantar las democracias en América Latina y el Caribe a tal punto de imposibilitar la presentación a elecciones de líderes y representantes del pueblo que de porder ir a los comicios saldrían electos con toda seguridad.

En Bolivia con el Golpe de Estado de noviembre de 2019 se demostró que en pleno siglo XXI los grupos liberales y de derecha continúan dispuestos a destrozar las más básicas reglas democráticas. Desde entonces, mientras algunos grupos mediáticos continúan negando el carácter dictatorial del gobierno de Jeanine Añez, se han pospuesto sistemáticamente los procesos electorales que permitan elegir a un nuevo presidente de manera democrática. Evo Morales, que se ha ganado un lugar en la historia de Bolivia por su consecuente lucha para ampliar derechos del pueblo boliviano, se presentó como candidato a senador por Cochabamba acompañando al binomio Arce-Choquehuanca que impulsa el MAS-IPSP. La proscripción a Evo Morales se llevó adelante este lunes con la resolución del Tribunal Constitucional.

La insólita y ridícula excusa del tribunal es que Evo Morales no cuenta con domicilio en el país durante los dos años previos a la elección. En contra de dicha resolución debe constarse que Evo Morales ha nacido y mantiene su domicilio oficial en Cochabamba. Aplicar semejante resolución ante un ex-presidente que luego de un Golpe de Estado tuvo que huir de su país con la ayuda de gobiernos extranjeros, es una burla a la democracia.

El caso de Ecuador, dónde se proscribe la candidatura a vice-presidente de Rafael Correa, estamos ante un absurdo similar. En tiempo record la Corte Nacional sacó una resolución en la que lo inhabilitan como candidato para acompañar la candidatura presidencial de Andrés Arauz. En este caso, la excusa del Consejo Nacional Electoral es que Correa, que reside en Bélgica, se presente personalmente en su país para presentar su candidatura, esto por supuesto, en un contexto de pandemia donde numerosos aeropuertos del mundo se encuentran cerrados, y los vuelos cancelados o reprogramados por medidas sanitarias.

La destrucción del Estado de Derecho y la práctica de la guerra judicial y mediática en Ecuador es paradigmática. Lenin Moreno fue elegido presidente en 2017 junto a Jorge Glass como vicepresidente y con el partido Alianza País liderado por Correa. Moreno, a poco de asumir, logró que el encarcelamiento de su vicepresidente, luego se apropió de la estructura legal de Alianza País, y recientemente adelantó una ridícula condena a Correa para evitar que regrese Ecuador sin ir detenido, sumado al encarcelamiento de alcaldes opositores -que fueron sus compañeros de partido- en el marco de las protestas de Octubre de 2019.

Su gobierno carece de apoyo y legitimidad, luego de la desastrosa situación económica en la que deja al país. La apuesta por destruir el sistema democrático abriéndole las puertas del gobierno a los sectores más reaccionarios sigue su camino con la inhabilitación de Rafael Correa que indiscutiblemente es el líder más valorado en el país.

Que el mismo día se haya negado los pueblos de Bolivia y de Ecuador poder elegir a sus candidatos demuestra que las élites en América Latina y el Caribe continúan profundizando sus ataques a la democracia. El uso de los medios de comunicación y el poder judicial para derrotar a los movimientos populares ya se dió en Brasil cuando luego del Golpe de Estado de 2016 lograron encarcelar a Lula y proscribir a su candidatura. Las consecuencias las padece el pueblo brasileño todos los días bajo el gobierno fascista de Bolsonaro.

Estamos ante una situación de alerta democrática en Nuestra América. Las minorías privilegiadas están dispuestas a impedir que los pueblos construyan sus alternativas y puedan dar la disputa de cara al conjunto de la sociedad de manera democrática. Nuestro rol es denunciar con toda nuestra fuerza semejante atropello ante la historia, organizarnos para derrotar los avances antidemocráticos y solidarizarnos con quienes más padecen semejantes injusticias.